El Ayuntamiento de Ávila tendrá que pagar por daños de jabalí a un turismo
El Ayuntamiento de Ávila tendrá que abonar algo más de medio millar de euros a un particular que sufrió un accidente de coche en el término municipal, cuando se le atravesó un jabalí procedente de unos terrenos propiedad del Consistorio.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por T.J.M. para impugnar un decreto del Ayuntamiento de Ávila de febrero de este año que desestimaba la reclamación de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial interpuesta tras el accidente.
La demanda fue interpuesta en abril de este año, por los daños materiales sufridos en su vehículo como consecuencia del accidente ocurrido a las 21.20 horas del 8 de noviembre de 2011, cuando el hijo del recurrente conducía el coche por la carretera N-110 (Soria-Plasencia), en el término de Ávila.
Al llegar al kilómetro 248,650 de la carretera, irrumpió en la calzada, por la derecha, un jabalí, lo que provocó el atropello del animal y daños en el vehículo por valor de la cuantía que ahora tiene que abonar el Consistorio.
La carretera, en ese punto, linda con un vedado de caza, propiedad del Consistorio, dentro del término municipal de Ávila, que no está vallado y del que salió el jabalí.
La sentencia estima que el Ayuntamiento de Ávila "debe responder por los daños sufridos" en el vehículo propiedad del recurrente y conducido por su hijo, J.J.J.S., ya que el animal invadió la calzada "de forma sorpresiva, súbita e inopinada" y provocó la colisión "sin que el conductor pudiera evitarla" ni tampoco "realizar maniobra evasiva alguna", al no observarse huellas de frenada.
El terreno del que salió el jabalí, además, no estaba vallado y "no hay prueba alguna" de que el conductor contribuyera a producir el daño, aunque el Consistorio alegó que el terreno es vedado, no coto de caza, y que "no tiene aprovechamiento cinegético", por lo que no existe obligación de acotarlo.
Al respecto, el tribunal ha estimado la Ley de Caza de Castilla y León, que apunta que los daños producidos por las piezas de caza corresponderán, salvo que sea culpa del perjudicado o un tercero, a quien ostente la titularidad de los terrenos vedados.